Primero fue la abierta intromisión del embajador James Cason, luego fueron las encuestas irreales realizadas por encuestadores ligados a organismos vinculados a USAID, posteriormente las amenazas de paralizar el país. Ahora la alianza que impulsa al obispo Fernando Lugo a la presidencia del Paraguay amenaza que no reconocerá resultados, dando a entender que se movilizará buscando desestabilizar al gobierno hasta derrocarlo e imponer por esta vía torcida la candidatura que promueven.
Las denuncias que vienen realizando contra el Tribunal Electoral del Paraguay son inconsistentes si se considera que las autoridades del mismo fueron puestas en sus funciones por la misma oposición. Para dimensionar el grado de tergiversación en lo que señalan los medios de difusión con respecto a las preferencias de los votantes, hay que tener en cuenta que el partido gobernante en Paraguay goza de la adhesión de cerca del 70 por ciento de la población, por lo cual la oposición necesariamente debe valerse de las fracturas y divisiones en su seno para intentar derrotarlo.
Para lograr su propósito, cuentan con el apoyo de la mayoría de los medios de comunicación de Paraguay, de la embajada norteamericana y la iglesia católica, que no es poco decir. El influyente Senador oficialista Juan Carlos Galaverna denunció en base a todas estas evidencias palpables que un golpe de estado orquestado por fuerzas exógenas está en marcha en Paraguay, a través de un orquestaje de la prensa y el embajador James Cason para difundir e imponer la falsa percepción de que el Obispo Fernando Lugo encabeza las preferencias del electorado, versión que goza de gran difusión a través de la prensa nacional e internacional a pesar del dudoso origen de los datos estadísticos y las encuestas en Paraguay.
Hay que recordar que el golpe de estado impulsado por Estados Unidos es una práctica que en el Paraguay goza de frondosos antecedentes y en todas las modalidades desde que el Departamento de Estado impulsó la dictadura anticomunista de José Félix Estigarribia en el año 1940, a cambio del visto bueno del General en cuestión a la entrega de los pozos petrolíferos del Chaco, que Paraguay arrebató a Bolivia en una guerra concluida en 1935. La misma guerra había sido desatada desde las oficinas de la Standard Oil Company, que necesitaba oleoductos para derramar el petróleo de Camiri (Bolivia) en el río Paraguay, salida para la cual necesitaba arrebatar el Chaco.
Todos los indicios indican que conservar las concesiones a la empresa petrolera California Oil, realizadas en 1944 por el dictador militar Higinio Morínigo, determinaron en Paraguay otro golpe de estado apoyado por Estados Unidos el 13 de enero de 1947.
El apoyo norteamericano al golpe de estado que puso en el poder al General Alfredo Stroessner se evidencia en un memorando interno confidencial fechado el 6 de mayo de 1954, dirigido de OSA-Mister Atwood a ARA-Mister Holland, apenas a 48 después de producidos los hechos. Un año antes, en 1953, Stroessner había visitado Estados Unidos y la zona del Canal de Panamá y había estrechado vínculos con los generales Emil Kiel y Robert Stevens, con vistas a convertirse en interlocutor privilegiado de Washington en Asunción. El respaldo económico a Stroessner por parte de los norteamericanos se hizo patente desde un principio, ya que apenas a las dos semanas de asumir éste, el 2 de setiembre de 1954, el EXIMBANK aprobó un crédito de 7,2 millones de dólares para el gobierno del Paraguay, supuestamente para ayudar a financiar la compra de servicios y equipamentos norteamericanos necesarios para la instalación de un sistema central de provisión de agua en Asunción.
El 23 de Julio de 1956 Stroessner y el presidente Dwigth Eisenhower se entrevistaron en Panamá, y como resultado de la entrevista el dictador del Paraguay recibió préstamos de la AID y los servicios de experimentados represores y torturadores como Robert L. Brown, Stanley Potter y Robert Thierry. A pedido de Estados Unidos, Stroessner ordenó apresar a toda la dirigencia comunista, que en el marco de la guerra fría entre Washington y Moscú ya tenían precio per cápita en las ventanillas de cobro del imperio. Con el correr de las décadas, las agencias de penetración imperialista lograron apropiarse en Paraguay hasta de gran parte de lo que se puede pensar y decir, y lograron adecuarse a las circunstancias al punto que muchos empresarios de la comunicación que habían sido férreos defensores de Stroessner, Pinochet y Videla acabaron abrazando convicciones democráticas y promocionando una democracia tutelada por Estados Unidos en Paraguay.
La mayoría de estos empresarios jugaron un papel fundamental en el golpe orquestado en marzo de 1999 en Paraguay por la especialista en affaires consulares, organizadora de la invasión de Grenada y la secesión de Lituania, Maura Harty, y el promotor del Plan Colombia Peter Romero. Hoy están unidos al embajador James Cason para impulsar la candidatura del obispo Fernando Lugo, que retribuye con su sometimiento a los dictados de la prensa que lo apoya, en su totalidad financiada por la National Endowment for Democracy.
La mayoría de las organizaciones que dicen apoyar espontáneamente a Lugo son ONGs vinculadas a la embajada norteamericana y a USAID, además de receptoras de donaciones de la IAF controlada por George W. Bush. De cualquier manera, su capacidad de movilización es escasa ya que apenas constituyen grupos fantasmas que invocan supuestos fines altruistas para embolsar donaciones, pero carecen de proyección popular. Asimismo el control que ejerce el embajador norteamericano sobre la prensa a través de sus becas, dádivas y donaciones y los sondeos que organizan grupos afines, así como el poderío económico que se les conoce, tanto como el apoyo de la iglesia católica a favor de la candidatura que impulsan, confieren suficiente credibilidad a las sospechas del senador Galaverna. Más aún si consideramos los antecedentes y abusos cometidos por el imperio norteamericano a lo largo de la historia del Paraguay. (Luis Agüero Wagner)